El respaldo fue unánime. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que encuentra irregularidades en la gestión del ex presidente regional de Junín, Vladimir Huaroc, -aliado político de la alcaldesa de Lima Susana Villarán- quien habría cometido delito contra la administración pública en la modalidad de incumplimiento de funciones por omisión, peculado y colusión, ocasionando un perjuicio económico superior a los S/.12 millones.
El informe congresal fue elaborado por la subcomisión que investigó dos de seis denuncias presentadas contra la administración de Huaroc, en las que se le halló responsabilidad penal juntamente con el ex gerente general y en el ex director de asesoría jurídica, Ítalo Fernández Neciosup y Fredy Chicmama Vilcapoma, respectivamente.
La denuncia contra Huaroc alcanza también, en calidad de cómplices, a otros ex integrantes del consejo regional y ex consultores de proyectos, entre ellos Gustavo Guerra García y José Reátegui Bardales, fundadores del partido Fuerza Social, quienes –según el congresista Édgard Reymundo– no habrían cumplido con el trabajo de asesoría y apoyo a la modernización técnica del gobierno regional sino que habrían servido a los intereses políticos de Huaroc.
Guerra García, en tanto, calificó la acusación como una “venganza absurda” de Solidaridad Nacional, el Apra y el fujimorismo por la denuncia de irregularidades en la gestión de Luis Castañeda que hizo el lunes la alcaldesa Susana Villarán.
Trafa
Según el informe de la comisión, dichos funcionarios se habrían coludido para contratar irregularmente a once asesores que no reunían las condiciones para el cargo, cumplieron tareas ajenas a las que se les encomendó y recibieron en conjunto 723,825 soles.
El monto significó el 91.2% de una partida asignada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinada a la reestructuración orgánica y reorganización administrativa del gobierno regional de Junín y que ascendía a 264,225 dólares (850 mil soles al cambio vigente a mayo de 2007).
Sin embargo, transcurridos casi cuatro años de dichas contrataciones, no se ha cumplido las metas y el gobierno regional no cuenta con un manual de organización y funciones (MOF) ni con el presupuesto analítico de personal (PAP). Tampoco se llegó a elaborar el expediente de modernización, el diseño y el plan de implementación de un programa continuo de comunicación con la población, ni la asistencia técnica de apoyo a la implementación de la reforma, entre otros.
A su vez, el reglamento de organización y funciones (ROF) que se entregó 19 meses después del plazo previsto, tuvo que ser modificado 17 veces, en tanto que el cuadro de asignación de personal (CAP) resultó inaplicable porque se le encontró un 70.6% de su contenido con “errores y observaciones insalvables”.
Danza de millones
El informe, aprobado por unanimidad, encuentra también responsabilidad penal en los mismos ex funcionarios por presuntas irregularidades en la obra de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de La Oroya, mediante un convenio internacional de cooperación técnica y administración de recursos con la OEI.
Según el informe, el gobierno regional “festinó negligentemente” el procedimiento para la suscripción de un convenio con la OEI, organismo internacional que carecía de la atribución legal para suscribir convenios con entidades públicas para la administración de recursos y para adquirir bienes, realizar y ejecutar obras.
Al suscribirse el convenio en octubre de 2008, la OEI recibió 55 millones de soles, pese a que el expediente técnico de la obra señalaba un presupuesto de 51 millones 138 mil soles. No obstante, el expediente fue observado por el MEF por adolecer de inconsistencias técnicas y financieras insalvables.
El 14 de agosto de 2009, el gobierno regional resolvió el contrato, y ese mismo día aprobó otro expediente técnico por un monto de 26 millones 936 mil soles, inferior en casi diez millones de soles al otorgado a la OEI y cuya devolución deberá exigírsele a ese organismo.
Hay otras perlitas
El informe será sometido a consideración del Pleno, con la recomendación de que sean debatidos otros informes aprobados con anterioridad y referentes a otros procesos investigatorios realizados por la Comisión.
El grupo de trabajo legislativo, que preside el congresista José Vega Antonio (UPP), acordó además ampliar en 60 días el plazo otorgado a la subcomisión, investida de las facultades de comisión investigadora, para culminar las investigaciones de las otras cuatro denuncias presentadas contra los ex responsables del gobierno regional.
Cercano a alcaldesa de Lima
Como es público, Huaroc Portocarrero –que integra la plancha del candidato presidencial de Fuerza Social Manuel Rodríguez Cuadros- es aliado político de la alcaldesa de Lima Susana Villarán, que llegó al sillón municipal con este movimiento político.
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